ACTA, Autores Científico-Técnicos y Académicos

Este sitio es de libre acceso para cualquier usuario, con casi toda la información disponible sin necesidad de registro ni acceso especial. Siga el enlace para saber más sobre nuestra asociación.

ACTA representa en CEDRO los intereses de los autores científico-técnicos y académicos. Ser socio es gratuito. Solicite su adhesión.

Los socios de ACTA o CEDRO tienen además a su disposición varios servicios exclusivos, que pueden solicitar a través de los formularios correspondientes del menú Socios. En algunos casos tendrán que identificarse obligatoriamente con su número de socio de ACTA o CEDRO. Para cualquier consulta, duda o asunto utilice el formulario de contacto. Comunica directamente con el administrador de este sitio web. Gracias y bienvenido.

El asesor de ACTA en asuntos de propiedad intelectual, Pascual Barberán, ha preparado este documento sobre los efectos de la crisis del coronavirus en la propiedad intelectual del mundo editorial.

Vivimos momentos muy difíciles. De una amenaza lejana de otro continente hemos pasado a una situación de emergencia en la que ponemos nombre a la gente que se ha infectado por el virus o ha fallecido. La situación de confinamiento también ha paralizado nuestro país, no solo desde un punto de vista personal sino también desde la perspectiva económica.

Sin embargo la vida sigue, y la situación creada por la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno tiene consecuencias directas sobre los derechos de autor y la propiedad intelectual, pues no hemos de olvidar que la explotación de las obras requiere de una actividad continua. Por eso me propongo de una manera somera indicar qué aspectos son los que se ven afectados de manera más directa por la situación que vivimos.


DESDE UN PUNTO DE VISTA LEGAL EL ESTADO DE ALARMA Y LAS DISTINTAS DISPOSICIONES QUE HAN DECRETADO LAS AUTORIDADES ¿CÓMO AFECTAN A LAS OBLIGACIONES EN UN CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR?

Centrándonos en el mundo del libro podríamos señalar los siguientes: 1º) La Ley de Propiedad Intelectual (Art. 64.5º) obliga al editor a “…satisfacer al autor la remuneración estipulada y, cuando ésta sea proporcional, al menos una vez cada año, la oportuna liquidación, de cuyo contenido le rendirá cuentas. Deberá, asimismo, poner anualmente a disposición de autor un certificado en el que se determinen los datos relativos a la fabricación, distribución y existencias de ejemplares.”

La práctica común en el mundo editorial reflejada en los contratos de edición es que esas liquidaciones se efectúan en los tres primeros meses del año. Si una editorial deja todo “para el final” se puede encontrar con que le es imposible cumplir en tiempo.

¿Cómo ha de reaccionar el autor? Debería requerir al editor expresamente (Mediante burofax) para que cumpla con la obligación, otorgándole un plazo prudente (Por ejemplo un mes). Caso de incumplir con el requerimiento el autor podrá resolver el contrato recuperando plenamente sus derechos.

2º) La mencionada LPI (Art. 64. 1º, 2º y 3º) señala que el editor habrá de reproducir la obra en la forma convenida, someter las pruebas de la tirada al autor, salvo pacto en contrario y proceder a la distribución de la obra en el plazo y condiciones estipulados.

Habitualmente se señala en los contratos un plazo de 2 años desde la entrega del ejemplar por parte del autor al editor para efectuar la primera edición, pero hemos de tener en cuenta que muchas veces escogen precisamente los meses de marzo, abril y mayo para lanzar una obra y que así coincida con la Feria del Libro de Madrid como novedad. De hecho los departamentos comerciales de cada editorial trabajan desde meses antes para confeccionar los catálogos y las novedades.

En el caso de que se pase el plazo convenido y no se realice la edición el autor podrá resolver el contrato, esta vez sin siquiera necesidad de requerimiento.

3º) La Ley señala en su art. 65 que el autor estará obligado a entregar al editor en debida forma para su reproducción y dentro del plazo convenido la obra objeto de la edición y a corregir las pruebas de la tirada, salvo pacto en contrario.

Normalmente los contratos son muy minuciosos en estos aspectos, sobre todo en el caso de obras científicas y académicas, donde el editor no puede permitirse el lujo de retrasar una edición que puede afectar, por ejemplo, a libros de texto. Las consecuencias de la falta de entrega suelen ser posibilidad de resolver el contrato por parte del editor y a veces incluso poder reclamar al autor daños y perjuicios.


TODAS ESTAS SITUACIONES ¿PUEDEN SER ATENUADAS EN EL ACTUAL ESTADO DE ALARMA?

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 no limita el desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial, por ello las empresas como las editoriales y los autores deberían proseguir su actividad.

Por su parte la Disposición adicional cuarta de dicho Real Decreto suspende los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren, pero henos de aclarar que tal circunstancia no afecta al cumplimiento de las obligaciones, sino solo a los plazos para reclamar por incumplimiento.

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 tampoco señala nada que afecte a los contratos que en este artículo se mencionan.

La mayor parte de los contratos no incluyen cláusulas que contemplen las circunstancias actuales, ya que desde la Guerra Civil de 1936-1939 no se ha producido en todo el territorio español un hecho que paralice toda la nación durante un periodo largo, que es lo que sucede en la actualidad.

Sin embargo el Código Civil contempla la llamada “fuerza mayor”, que si bien no exime del cumplimiento de las obligaciones sí que puede avalar en cierta medida un retraso siempre y cuando se pruebe que esa circunstancia ha impedido dicho cumplimiento, es decir que no basta acogerse de una manera genérica a la crisis sanitaria para incumplir o retrasarse en las obligaciones.

El problema, una vez más, es que la “fuerza mayor” ni siquiera está mencionada como tal en el Código Civil, sino que su artículo 1.105 señala que “Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables”. Aplicar dicho artículo al incumplimiento de las obligaciones por parte de autores y editores es, desde mi punto de vista, forzar mucho el concepto de “fuerza mayor”.

Además no es ninguna de las partes quien puede decidir aplicar la “fuerza mayor” de modo unilateral, sino que son los tribunales en concreto, y a falta de una disposición que lo avale, quienes decidirán, caso por caso, si se produce esta circunstancia tan excepcional. Por el momento ninguna disposición lo avala.

Y lo mismo podemos decir de la llamada cláusula de “rebus sic stantibus”, que permite la modificación de las obligaciones de los contratos por acaecer una causa imprevisible que altere en equilibrio contractual firmado por las partes. Como decíamos anteriormente tendría que ser un Juez, en su caso, y tras un largo procedimiento, quien avalara tal modificación.

En conclusión, tanto autores como editores han de cumplir con sus obligaciones pese a la situación de excepcionalidad. En caso de ser ello imposible lo aconsejable sería llegar a un acuerdo entre las partes (Por supuesto por escrito y revisado por Abogado) para retrasar el cumplimiento de las obligaciones. Mientras tanto, los autores deben saber que no valen excusas del editor para justificar incumplimientos, por lo que en caso de que este no cumpla con sus obligaciones deberían activar el proceso de recuperación de sus derechos.